Carlos Almira Picazo
A partir de la Revolución Francesa se hizo cada vez más difícil, en occidente, justificar el ejercicio del poder de uno solo (monarquía) o de unos pocos (oligarquía). Esta tendencia histórica en la cultura política occidental se reforzó tras la derrota del fascismo y del nazismo en 1945, y (aunque de un modo aún demasiado ambiguo y abierto, como demuestran los casos de China o algunas países periféricos al gran capitalismo, por no hablar del mundo islámico), tras el derrumbe del modelo soviético. Así, por una serie de vicisitudes históricas, más que por una voluntad o una convicción profunda y consciente de la sociedad civil, la Democracia se ha convertido en el único paradigma político que hoy, las elites de los distintos Estados, suscribirían sin rubor para justificar su ejercicio del poder. En este sentido puramente negativo, la Democracia se ha convertido hoy en el único discurso legitimador viable para las distintas formas de ejercer el poder, más o menos oligárquicas. Pues la política y la capacidad de influir en los asuntos de la sociedad y del Estado, sigue siendo también en los llamados regímenes democráticos (parlamentarios, constitucionales, etcétera), asunto exclusivo de unos pocos. En el mejor de los casos, además de ser un discurso legitimador, la Democracia se ha convertido hoy en un horizonte deseable al que aspira, y se aproxima en mayor o menor medida, la sociedad civil o incluso una parte (la más moderada y razonable) de la clase política de algunos países. En cualquier caso, y quizás salvadas algunas raras excepciones, la Democracia sensu stricto como sistema político, no existe hoy por hoy en ninguna parte, y no ya la Democracia Directa sino la llamada Democracia Indirecta o representativa. Por otro lado, allí donde surgen o se mantienen otras ideologías justificadoras del poder político (como el Islam, el Comunismo, el Nacionalismo, etcétera), como en la periferia del llamado mundo desarrollado, la Democracia es claramente un discurso legitimador, como democracia del pueblo, de la comunidad nacional, religiosa, etcétera. En resumen: el poder político sigue siendo asunto de unos pocos, aunque ya no pueda justificarse como tal, sino recurriendo a la idea de una participación y de un consenso de la mayoría de la sociedad más o menos imaginario, muchas veces con el asentimiento pasivo y tácito de esa mayoría de la sociedad. Pero incluso en los regímenes parlamentarios y constitucionales, que gozan de un cierto sistema de libertades, como en el caso español, los partidos y otros grupos de poder dispersos en la sociedad civil, siguen funcionando con los clásicos mecanismos oligárquicos tan bien descritos en su día por Robert Michels; y en último extremo, tienden a realizar una política no razonable, imponiendo sus propias cosmovisiones si cuentan con la mayoría parlamentaria para ello, sin tener en cuenta la pluralidad de cosmovisiones razonables que hay en la sociedad civil (Jhon Rawls). Pero ni siquiera sólo por estas restricciones se puede hablar aquí de ausencia de Democracia, pues concurren además otros factores que, para el caso de España paso a describir.
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Si definimos la Democracia como un sistema político basado en el poder real del pueblo para elegir y remover (por medios legales y pacíficos) a sus gobernantes, y como un Estado apoyado en la división real de poderes, entonces tenemos que concluir que tal régimen no existe en España. El régimen político que ha sustituido aquí a la Dictadura de Franco, incólume hasta la fecha como trataré de demostrar, es una oligarquía. Antes de entrar a explicar el por qué de esto, y sus graves consecuencias actuales, es preciso aclarar los términos. Quien escribe esto asume de antemano cualquier crítica fundada, y bien –o mal- intencionada, convencido de que no está en posesión de ninguna verdad incuestionable, sino todo lo contrario.
Entiendo por Democracia, pues, un tipo de Estado en el que los ciudadanos tienen algún tipo de influencia real sobre el gobierno, y en el que los distintos poderes del Estado (al menos, los tres poderes clásicos descritos por Montesquieu, especialmente el poder Judicial), se contrapesan realmente, equilibrándose y ajustando así el funcionamiento de las decisiones de quienes detentan el poder al principio del Derecho.
Esta concepción de Democracia se ajusta a su sentido antiguo, en la tradición de Rousseau, y no sólo a su sentido moderno, en la tradición de Locke: es decir, considera que los ciudadanos no son sólo individuos, sujetos privados con obligaciones y derechos, libres en su vida particular, en la manifestación de sus opiniones, sus pensamientos, en el disfrute lícito de sus propiedades, etcétera. Entiendo que, para que pueda hablarse de una Democracia, los ciudadanos no sólo deben gozar de un régimen de libertades que garantice el ejercicio de sus derechos (y obligaciones), sino que han de ser también sujetos políticos, en el sentido antiguo, público, del término polis. Es decir, han de tener la capacidad real de determinar, hasta cierto punto al menos, y según el juego consensuado de las mayorías, la marcha política cotidiana de los asuntos públicos.
Para que este segundo requisito se cumpla no hace falta una Democracia directa, asamblearia, etcétera, hoy ciertamente inviable. Es suficiente con que los electores tengan la capacidad real de controlar e influir en los elegidos (sus representantes), al menos en un doble sentido: primero, mediante la elección real y desde abajo, de dichos representantes políticos, en todos los niveles del Estado; y segundo, mediante el seguimiento y el control real de sus decisiones.
Con lo anterior se relaciona claramente la división de poderes, que deben tener orígenes y funciones, distintos y delimitados. Ahora bien, ninguna de estas dos condiciones se da en España, que hoy por hoy, y desde la muerte de Franco, se ha consolidado como un sistema oligárquico.
Lo que le da una apariencia de Democracia a nuestro sistema político (y seguramente también, a los de otros muchos Estados occidentales avanzados), es el régimen de libertades del que, indiscutiblemente, disfruta la población española, tras el fin de la Dictadura. Entre estas libertades está la de votar cada cuatro años al Partido Político que cada ciudadano considera oportuno. Sin embargo, este derecho al sufragio universal no es ni siquiera una sombra de un derecho político real. Sin querer extenderme sobre este punto, por considerarlo obvio, apuntaré a modo de ejemplo que nadie elige aquí a los candidatos, sino que solamente los ratifica, desde los concejales hasta el presidente del gobierno. Por otra parte, es obvio que en nuestro sistema político (y tal aspecto puede verse en la Constitución oligárquica de 1978 y, lo que es más importante, en el día a día del funcionamiento real del mismo), el único poder real es el ejecutivo, no sólo por su monopolio de facto de la iniciativa legislativa, sino por los mecanismos de selección de los principales cargos del Poder Judicial (Fiscal General del Estado, miembros del CGPJ, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera). Más allá de las meras intenciones es, pues, claro, que no existe en España una auténtica división de poderes, ni una participación real de los ciudadanos en las decisiones políticas. Es decir, no hay un régimen democrático en España, aunque sí un amplio sistema de libertades en el plano de la vida privada, en la tradición de Locke.
Entiendo por Oligarquía u Oligocracia un sistema político en el que el poder y las decisiones están en manos de unos pocos. En este sentido, es obvio que España es una Oligarquía u Oligocracia: desde la selección de los candidatos (la elaboración de las famosas listas electorales), hasta la toma de decisiones por el juego mecánico de las distintas asambleas (Concejales, Diputados Autonómicos, Diputados Nacionales), todas las opciones son tomadas por una élite, que es la que en cada momento domina los Partidos Políticos. Los ciudadanos sólo ratifican o desmienten, in extremis, a los candidatos elegidos siempre desde arriba (pese a la apariencia de Congresos e Instituciones democráticas que cumplen una función legitimadora de los propios Partidos Políticos). Por otra parte, el sistema de portavoces de grupo garantiza que todas las votaciones son realizadas en bloque por los diputados, senadores, etcétera, en función de las directrices que en cada caso da esa minoría (oligarquía) que controla el Partido: si alguien no se atiene a esto es inmediatamente penalizado por la organización, que se considera –y lo es- la única y auténtica depositaria del voto, no siendo incluido en las próximas listas electorales, o incluso siendo expulsado de su formación. En este sentido, no es el Gobierno (la Banca Azul) quien depende del voto de su grupo de parlamentarios, sino que es cada parlamentario el que depende, para ser incluido en las próximas listas electorales, de la oligarquía de su Partido, entre las que suelen ser miembros destacados los propios miembros del Gobierno. Esto, con matices, se puede hacer extensible a otros niveles representativos del Estado.
Así pues, todas y cada una de las decisiones políticas están en todo momento en manos de la minoría que detenta realmente el poder en España. La Democracia, aparte del disfrute del régimen de libertades y derechos (y obligaciones), del que indudablemente gozan los ciudadanos, sólo existe en España como un discurso legitimador de la Oligarquía, la Oligocracia, que es nuestra verdadera y oculta forma de Estado.
¿Por qué y cómo se estableció en nuestro país un sistema Oligárquico tras la muerte del General Franco? ¿Cuáles son las consecuencias más importantes para el presente y el futuro que cabe esperar de esto? A la primera pregunta puede responderse así: la Oligocracia se estableció en España tras la muerte de Franco porque quisieron los propios españoles. Aunque resulte paradójico, el responsable de que aquí no exista ni hayan perspectivas de alcanzar una tal Democracia, es el propio pueblo español.
¿Por qué la inmensa mayoría de nuestra sociedad se conformó y se conforma aún hoy con este régimen político, y qué obtiene a cambio de esa dejación de su participación real en las decisiones públicas?
A la primera cuestión cabe responder que la sociedad española que asumió las formas y el resultado de la llamada Transición Democrática fue moldeada, a grandes rasgos, bajo el segundo franquismo, es decir, a partir de las grandes transformaciones sociales y económicas (y mentales) que marcaron los últimos años de nuestra década de los cincuenta. Los años del llamado desarrollismo franquista. Sin entrar en detalles, a partir de estos años se puede decir que en la práctica totalidad de los grupos sociales, penetraron y se cimentaron valores comunes en torno a las ideas de orden, paz, estabilidad, y disfrute material y personal en la vida privada civil. Es decir, la sociedad española que asumió y consolidó (no siempre con su pasividad) la Transición, no deseaba un espacio público de decisión que funcionase realmente como tal, es decir, un Régimen Democrático, sino un marco institucional que le permitiera disfrutar de sus libertades y derechos (incluida la ilusión de su libertad política). La sociedad española, razonable, moderna y pacificada moldeada desde los años sesenta, cedió pues, su soberanía (reconocida formalmente en la Constitución Oligárquica de 1978) a la oligarquía de los Partidos –y, en otros niveles de la vida, a las cambiantes élites de Sindicatos, Empresas, Medios de Comunicación de Masas, etcétera-.
A cambio de que estas minorías administrasen sin rendir cuentas (salvo en los casos extremos en que se vulnerara la Ley) tal marco institucional, debían garantizarse el disfrute de esos derechos y libertades en la vida civil. Este, y no otro, fue el pacto fundacional del nuevo Estado surgido en España tras la muerte de Franco.
Los hitos de este acuerdo de fondo entre la sociedad civil (voluntaria y complacidamente desmovilizada), y los nuevos oligarcas, son de sobra conocidos: el ascenso de Suárez, la Ley para la Reforma Política, las legalización de los Partidos Políticos, las primeras Elecciones “Democráticas”, los Pactos de la Moncloa, el ascenso del PSOE; y cada uno de estos hitos puede verse y explicarse a la luz de todo lo anterior, y en contra de la interpretación dominante de una Transición modélica desde un régimen autoritario, unipersonal, a un régimen democrático en España.
Por otra parte, la lógica oligárquica se ha consolidado (con idéntica apariencia democrática) en todos los niveles de la sociedad, como queda dicho, desde los Sindicatos hasta los grandes Grupos y Medios de Comunicación, la Universidad, etcétera.
El requisito básico para el funcionamiento de este sistema es el flujo continuo de recursos y libertades de arriba abajo, y el flujo, como contrapartida, de soberanía de abajo arriba; es decir, el intercambio de trabajo, subsidios, orden público, pensiones, becas, libertades privadas, etcétera, por capacidad política real. Mientras las dos partes del acuerdo, de esta especie de Contrato Social, cumplan, el sistema será estable, y la única pugna posible será dentro de él, entre los Partidos Políticos y sus organizaciones afines, extendidas por la sociedad civil. De paso, se subrayará cada vez más nítida, la separación entre las dos partes: por un lado, las élites con capacidad de influencia pública; y por otro, la sociedad civil estabulada en el ámbito privado.
Lo único que puede poner en entredicho el funcionamiento de sistema oligárquico en España (cuya forma institucional por cierto, es la Monarquía Parlamentaria), es que una de las dos partes, o ambas, dejen de cumplir el trato: bien por una crisis de recursos, bien por una transformación de los valores y la mentalidad sociales. Sólo cuando la sociedad civil vea peligrar su bienestar y sus libertades (por ejemplo, por una crisis económica), o cuando, por alguna razón, reclame una participación real en los asuntos públicos, se verá el sistema político oligárquico amenazado. La minoría nunca dará voluntariamente el paso hacia la Democracia.
Hasta entonces, la democracia necesaria y suficiente en España será la que ahora existe: es decir, un régimen de “bienestar” y libertades reducido al ámbito privado, y el de servir de discurso legitimador de la Oligarquía. Tal vez algo parecido pueda decirse de otros muchos países.
BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
ARISTÓTELES: Política, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
MICHELS, Robert: Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1991.
KELSEN, Hans: Esencia y valor de la Democracia. Granada, Editorial Comares, 2002.
RAWLS, John: El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996.
REDERO SAN ROMÁN, Manuel ed: La Transición a la Democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 1996.
TOWNSON, Nigel ed: España en cambio: El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009.
Carlos Almira Picazo.
Nació el 31 de mayo de 1965 en Castellón de la Plana, España.
Doctor en Historia por la Universidad de Granada. Autor de una novela en papel: Jesuá, ed. Entrelíneas, Madrid, 2005; de un ensayo en papel: ¡Viva España! El nacionalismo fundacional del régimen de Franco (1939-43), Editorial Comares, Granada, 1997; de una novela en formato digital: Todo es Noche, Prometeus mdq, abril 2007; y de un centenar de cuentos y ensayos, publicados en revistas como Adamar, Axxon, Ed. Badosa, Destiempos, El Coloquio de los Perros, Cañasanta, Diezdedos, Remolinos, Magazine Siglo XXI, El Fantasma de la Glorieta, Revestidos, Tiempos Futuros, Quaderns Digitals, Literae Internacional,Ariadna, Fábula, Cuadernos del Minotauro, etcétera.
Email: carlosylolaarrobagmail.com
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